Cuando el Guardia Civil es denunciante… o denunciado

De la falta de respeto al delito

La Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, tipifica en su artículo 37.4 como infracción leve las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, siempre que la conducta no constituya infracción penal. Por ello, burlas, comentarios, gestos, insultos o expresiones de menosprecio deben valorarse atendiendo a su contenido, gravedad y contexto, sin que toda expresión ofensiva constituya por sí sola un delito.

No toda falta de respeto es delito. La calificación jurídica depende de los hechos concretos, su gravedad y de que concurran los elementos del tipo administrativo o penal aplicable.

¿Se puede grabar una intervención?

La mera captación de imágenes de una actuación policial no constituye por sí sola la infracción del artículo 36.23 de la Ley Orgánica 4/2015. Tras la STC 172/2020, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional y nulo el inciso «no autorizado» y precisó que la conducta sancionable se refiere al uso o difusión de imágenes o datos cuando genere un peligro próximo o concreto para la seguridad personal o familiar de los agentes, de instalaciones protegidas o para el éxito de una operación, con la necesaria ponderación del derecho fundamental a la información.

Cuando la situación pasa al ámbito penal

Acometimiento y atentado

El artículo 550.1 del Código Penal considera reos de atentado a quienes agredan o acometan a la autoridad, sus agentes o funcionarios públicos, o, con intimidación grave o violencia, les opongan resistencia grave, cuando se encuentren en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas. La existencia de una lesión no es el único elemento relevante: debe atenderse a la conducta efectivamente realizada y a las circunstancias del caso.

Amenazas, coacciones e injurias

Las amenazas se regulan, entre otros, en los artículos 169 y siguientes del Código Penal y las coacciones en el artículo 172. Las injurias se definen en el artículo 208 y solo son delito, con carácter general, cuando por su naturaleza, efectos y circunstancias revisten la gravedad exigida legalmente. El artículo 504.2 se refiere específicamente a injurias o amenazas graves dirigidas a los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad como institución o colectivo, y no debe confundirse con cualquier insulto individual dirigido a un agente.

Resistencia: no todas las conductas son iguales

Cuando el Guardia Civil quiere denunciar

Cuando el agente considere que ha sido víctima de una conducta delictiva o de una infracción, la calificación no depende únicamente de su apreciación personal: deben describirse los hechos con precisión y aportar los elementos probatorios disponibles para que la autoridad competente determine su encaje jurídico.

La presunción de inocencia permanece plenamente vigente. La denuncia del agente y los documentos que la acompañen quedan sometidos a las reglas de valoración de la prueba y a las garantías del procedimiento correspondiente.

¿Y si es el Guardia Civil quien resulta denunciado?

Cuando la actuación del agente es objeto de denuncia, deben examinarse las circunstancias concretas y la cobertura legal de la intervención: legitimidad de las órdenes impartidas, necesidad y proporcionalidad del uso de la fuerza, fundamento de registros o medidas adoptadas y respeto a los derechos fundamentales. La condición de agente no excluye el control administrativo o judicial de su actuación ni elimina las garantías que corresponden a la persona denunciante y al propio agente.

Conocer la ley también protege al agente

La función policial sitúa diariamente a los guardias civiles ante situaciones de tensión, resistencia, provocación e incluso violencia. Diferenciar una infracción administrativa de una conducta penal, documentar correctamente una intervención y conocer los límites de la propia actuación constituye una herramienta esencial de seguridad jurídica.